La Resolución 948 de 2026 marcará la agenda regulatoria del segundo semestre.
Saphety, compañía especializada en soluciones de facturación y documentos electrónicos, presenta un informe sobre los principales cambios regulatorios que marcarán la facturación electrónica en el segundo semestre de 2026. Julio y agosto serán meses clave para que las empresas se preparen ante las nuevas exigencias de Ministerio de Salud y la DIAN.
“El mayor riesgo para las empresas no es la expedición de una nueva resolución, sino reaccionar tarde a ella. Hoy la ventaja está en anticiparse a los cambios regulatorios, fortalecer los procesos internos y asegurarse de que la tecnología pueda adaptarse oportunamente a las nuevas exigencias de las autoridades”, afirma Alejandro Silva, Gerente General de Saphety.
Los cambios que las empresas deberían tener en el radar
Uno de los principales ajustes corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social, con la expedición de la Resolución 948 de 2026, mediante la cual reglamentó el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) como soporte de la Factura Electrónica de Venta (FEV). La norma fue expedida el 14 de mayo de 2026, inició su implementación el 1 de junio de 2026 e incorporó nuevos ajustes y reglas de validación a partir del 1 de julio de 2026, especialmente para los actores del sector salud.
“Este cambio exige que las organizaciones revisen la calidad de la información que soporta la factura electrónica, fortalezcan la interoperabilidad entre sus sistemas y garanticen que sus procesos tecnológicos respondan a los nuevos criterios de validación establecidos por la autoridad sanitaria”, comenta Silva.
En materia tributaria, la DIAN continúa fortaleciendo el ecosistema de facturación electrónica mediante la Resolución 000011 de 2026, expedida el 23 de abril de 2026, así como con los proyectos de resolución, consultas públicas y actualizaciones técnicas que publique durante el segundo semestre, los cuales podrían generar nuevos ajustes para empresas y proveedores tecnológicos.
“Cada actualización normativa representa una oportunidad para fortalecer los procesos internos y reducir riesgos futuros. Las organizaciones que realizan un seguimiento permanente a estos cambios logran adaptarse con mayor facilidad y responder de manera más eficiente a las nuevas exigencias del mercado y de las autoridades”, concluye Silva.
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